Bernia Sanz Kite | 11 Marzo 2021

Las realidades de las mujeres saharauis son diversas y tienen contextos muy diferentes. La historiografía atribuye a las saharauis un carácter fuerte y de gran peso en su sociedad, pero ¿hasta qué punto tienen representación en las instituciones? ¿qué peso tienen en la sociedad? ¿son libres de hacer lo que quieran y decir todo lo que piensan? Las diferentes situaciones que viven las mujeres saharauis están condicionadas por factores geográficos y políticos, dependiendo de si viven en zona ocupada, liberada o en la diáspora, pero también factores religiosos y culturales, los cuales comparten con todas las sociedades musulmanas, que es el sometimiento de la mujer por el patriarcado del Islam.  

El papel de la mujer saharaui fue fundamental durante la guerra entre Marruecos y la RASD entre 1975 y 1991. Algunas participaron activamente en el frente y otras fueron las responsables de establecer, levantar, organizar y gestionar los campamentos de refugiados en Tinduf. Ellas fueron los pilares fundamentales para construir un nuevo Estado en el exilio en un contexto de guerra con escasísimos recursos. Un esfuerzo que sentaron las bases de los campamentos de refugiados actuales que albergan a alrededor de 200.000 personas, pero que además asentaron las bases del sistema educativo saharaui y los hospitales o puntos de atención primaria de los campamentos de refugiados. 

A partir de 1991 y con el cese de la lucha armada el papel vertebrador de la mujer continúa, pero no se refleja en la representación política y civil. Son muy pocas las mujeres que integran los cuerpos de gobierno y carteras ministeriales de la RASD, relegando a las mujeres a ocupar trabajos vinculados al sector de la educación, sanitario y al cuidado de los grupos sociales más vulnerables. Es decir, ocupando lugares vitales para la supervivencia de la población y sociedad, pero en un segundo plano. 

Por otro lado, encontramos a las mujeres que se quedaron y nacieron en el territorio ocupado, quienes viven bajo el yugo y opresión del ocupante. En este contexto, la población saharaui es hostigada, perseguida y atacada por exponer sus ideas o por el simple hecho de ser saharauis. Cada vez son más las valientes activistas saharauis las que muestran abiertamente sus ideales de lucha, protestan y exhiben la bandera saharaui en público como protesta por la ocupación marroquí. Pero estas mujeres son gravemente represaliadas, vejadas y torturadas por las fuerzas del orden marroquí, quienes tienen una red clientelar civil que les ayuda a “controlar” a los disidentes. Represiones que han aumentado con creces desde la vuelta a la lucha armada del pasado mes de noviembre, como por ejemplo los brutales ataques a la activista Sultana Khaya.

Además de los dos contextos anteriores, encontramos una tercera realidad, la diáspora. Jóvenes mujeres saharauis, que debido a las pobres condiciones de vida y las pocas posibilidades que tienen en los campamentos o en las zonas ocupadas, viven en países extranjeros, donde algunas han crecido, estudiado y/o empezado una vida lejos de su familia y su tierra. Todas siguen, desde la distancia, fuertemente vinculadas a su lucha y de una forma u otra aportan su granito de arena para mejorar y solucionar la situación de su pueblo desde una posición y perspectivas externas. 

Pero no hemos de olvidar que todas estas realidades caen bajo el pesado yugo del patriarcado, en este caso condicionado por la sociedad y religión islámica. Contexto social donde tradicionalmente las mujeres tienen un papel secundario y de inferioridad. Una sociedad donde la familia es el eje vertebrador del orden y el padre de familia es la autoridad, por quien pasan todas las decisiones con respecto a la misma. La presión familiar y social es una de las reivindicaciones más fuertes de la feminista y activista saharaui Násara Iahdih, quien denuncia la presión de las familias para que las mujeres mantengan su papel en la vida privada y en lugares de segunda, la imposición de la melfa saharaui (vestimenta tradicional femenina) o la vigencia de los delitos de honor, por la que mueren al año alrededor de 10.000 mujeres.