A mediados del pasado mes de noviembre del 2020 se ha reactivado la lucha armada entre el RASD (República Árabe Saharaui Democrática) y Marruecos, quienes mantenían un alto al fuego desde 1991. El conflicto del Sáhara Occidental es uno de los pocos conflictos activos de la descolonización del continente africano que no ha tenido opción a una transición descolonizadora regulada. Actualmente y desde 1975, Marruecos ocupa ilegítimamente parte del territorio correspondiente al Sáhara Occidental (zona costera), con pretensiones activas de anexionar todo el territorio saharaui restante, rico en materia prima. Por el otro lado, la RASD, representante legítimo del pueblo saharaui, controla el territorio del interior y los campos de refugiados, ubicados en la provincia argelina de Tinduf, al suroeste de Argelia. 

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El conflicto político y social lleva abierto y sin solución desde hace 45 años, cuando el Estado español, agente administrador y colonizador, abandonó el territorio sin mediación alguna en 1975. La concesión del Sáhara Occidental a España acontece a partir de los acuerdos llegados en 1884 tras la Conferencia de Berlín, donde las principales potencias europeas se repartieron el continente africano a base de escuadra y cartabón. Desde que España entra en la ONU se le instó a que promoviera y ejecutará la transición hacia la descolonización del territorio. Dicha transición fue evitada e ignorada por España, justificando que el territorio era parte del Estado español y que conformaba la provincia número 53, siendo sus habitantes ciudadanos españoles. 

 

Durante finales de los años 60 y principios de los años 70 del siglo pasado afloran las primeras pretensiones sólidas de liberación por parte del pueblo saharaui frente a la entidad colonizadora. La colonización supuso un cambio en su forma de vida tradicional, pueblo de tradición ganadera nómada por excelencia.

 

La presencia española y la explotación de los recursos minerales por parte de la entidad administradora supusieron el aumento de la sedentarización de un pueblo acostumbrado a vivir moviéndose por el desierto y con una organización por tribus, muy diferente al orden y jerarquía del poder español. Estos primeros movimientos de liberación fueron paliados por las fuerzas militares españolas, aunque en 1973 se funda el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), quien declara su intención de una lucha armada. 

 

Durante 1975 y con la inminente muerte de Francisco Franco, España decide ceder a las presiones internacionales y convocar, por mediación de la ONU, un referéndum de autodeterminación de la población saharaui, opción habitual en el proceso de descolonización.

 

En este momento Marruecos desvela sus pretensiones expansionistas, presentando una alegación al proceso, por la cual declara vínculos de soberanía sobre el territorio saharaui previo a la presencia española. Pretensiones que son rechazadas por las autoridades internacionales, pero que no fueron lo suficientemente rotundas para evitar que Hassan II promoviera la mal llamada “Marcha Verde”, televisado al mundo como una marcha civil, pero que fue acompañada de ataques militares a la población civil saharaui por parte de Marruecos. Ante esta situación España decide replegarse del territorio y de este modo dejar desamparados a la población saharaui frente a un Marruecos armado y con supuesto apoyo de EEUU, quien prefiere a un Marruecos fuerte en la zona del Magreb, frente a un nuevo Estado con posibles tendencias socialistas que apoyase a Argelia. 

 

En este contexto confuso e ilegítimo, España decide de forma unilateral vender el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en el Acuerdo Tripartito de Madrid el 14 de noviembre de 1975. Un cese que no es reconocido por ninguna institución internacional ni ningún otro país que no sean los partícipes. Tras dicho acuerdo las fuerzas invasoras y ocupantes protagonizan ataques sistemáticos contra la población civil, bombardeada con fósforo y napalm, obligándoles a huir de su territorio y refugiarse en la vecina Argelia. 

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Fuente: Farouk Batiche - BBC 

 

Pocos meses después de empezar la contienda, el 27 de febrero de 1976, se funda el Estado saharaui, representado por el RASD. El frente armado saharaui consigue, con los pocos recursos proporcionados por Argelia y la URSS, y sus conocimientos del terreno, recuperar parte del territorio ocupado y mantener una lucha intensa y activa por la liberación del territorio y su derecho a la autodeterminación. El mismo año, Marruecos y Mauritania se reparten el territorio controlado por sus tropas, quedándose Marruecos con la parte norte y Mauritania con la parte sur. Tras varios años de intenso combate armado, en 1979 Mauritania, quien no tenía capacidad para continuar la contienda, se retira tras un alto al fuego y reconoce la soberanía legítima del RASD, pero rápidamente Marruecos consigue hacerse con el control del territorio previamente ocupado por Mauritania. 

 

A partir de 1980 Marruecos empieza a construir el “Muro de la vergüenza”, un muro de 2720 km que atraviesa el territorio de norte a sur y que sirve de frontera entre la zona ocupada y la zona liberada. Blindada con alrededor de 7 millones de minas antipersona, el muro sirve para frenar los constantes ataques e incursiones saharauis en el territorio controlado por Marruecos. No es hasta 1991 cuando se firma un alto al fuego por ambas partes, negociada y mediada por la ONU, después de 16 años de incansable enfrentamiento armado, que había puesto de relieve la innegable capacidad de resistencia y lucha por parte del pueblo saharaui y la incapacidad del ejército marroquí de controlar la situación pese a su superioridad numérica y de medios. 

 

En este momento aparece en escena la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental), organismo encargado de velar y mediar por el legítimo desarrollo de la tan esperada transición descolonizadora reclamada por el pueblo saharaui. Pero desde el alto al fuego y la entrada en escena de la MINURSO no han sido muchas las ocasiones en que realmente se hayan respetado los dictámenes de los tribunales internacionales o los principios humanitarios respecto al conflicto. Desde esta fecha se ha valorado seriamente una propuesta, el Plan de Arreglo de James Baker en 1997, que propone un referéndum del último censo proporcionado por España más un porcentaje de los habitantes marroquíes de la zona ocupada. Este acuerdo, inicialmente rechazado por el RASD y un Marruecos que dilata al máximo el bloqueo, ya que se beneficia económicamente de la ilegítima ocupación del Sáhara. Con el paso de los años y la pasividad internacional frente a la ocupación marroquí del territorio saharaui, el RASD cedió a la imposición de un referéndum incluyendo a parte de la población marroquí, pero ni aun así Marruecos ha movido ficha para intentar desbloquear lo más mínimo la situación actual. 

 

A día de hoy encontramos una situación de crisis política debido a la pasividad por parte de las administraciones internacionales y las grandes potencias frente a una ocupación ilegítima de un territorio; la pasividad de la antigua administradora de la colonia, quien ha dado completamente la espalda a un conflicto creado por el Estado español y la complicidad de diferentes actores políticos como la EU, quien permite la violación constante de los derechos de un pueblo que no ha tenido oportunidad a decidir su futuro.

 

Por otro lado, tenemos una crisis económica en forma de expolio de los recursos naturales por parte del país ocupante, quien libremente se beneficia (y mucho) de la pesca y la extracción de fosfatos; mientras que el pueblo saharaui está acorralado en el territorio liberado y en los campos de refugiados con muy poco margen para poder ser solvente como Estado independiente, teniendo que depender en gran parte de las ayudas de aliados y de la ayuda humanitaria internacional. También vemos una gran crisis social, familias saharauis separadas durante más de 40 años, algunas en territorio liberado, otros en los campos de refugiados y también, y no hay que olvidarse de ellos, los que se quedaron en el territorio ocupado para luchar por la causa desde dentro, quienes sufren una represión constante por parte de las autoridades marroquíes.

 

Finalmente, es más que palpable una crisis humanitaria, muy presente en los campos de refugiados en Tinduf, campamentos supuestamente temporales que llevan 45 años esperando ser desmontados, pero que por el contrario han visto nacer nuevas generaciones de saharauis lejos de su tierra, costumbres y riqueza.

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Fuente: Lehbib Abdelhay - Mohamed Salem. /ECS

 

Actualmente se ha reactivado la lucha armada debido al intento, por parte del RASD y la población saharaui, de desbloquear el conflicto. Desde el 22 de octubre de 2020, activistas saharauis han logrado bloquear el paso fronterizo de Guerguerat, principal vía de salida de los bienes expoliados por parte de Marruecos, situado al sur del territorio y controlado por el ELPS (Ejército de Liberación Popular Saharaui).

 

Tras varias semanas de bloqueo las pérdidas llegaron  a ser millonarias por lo que Marruecos actuó violando el acuerdo de alto al fuego en una zona desmilitarizada con la intención de disuadir a los activistas y quemar sus jaimas. Curiosamente, dicha violación coincidió con el 45 aniversario del Acuerdo Tripartito de Madrid y provocó la respuesta de declaración de guerra por parte de la RASD. Frente a este contexto, la MINURSO, presente en la zona en el momento del ataque, brilló por su pasividad e inoperancia, poniendo de relieve una vez más la incapacidad y ausencia de voluntad por parte de las administraciones internacionales de resolver el conflicto.