El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, anuló el pasado lunes 8 de marzo todas las condenas que pesaban sobre el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por las que fue encarcelado durante un año y 7 meses y se vio impedido a presentarse a las elecciones generales de 2018, en las que salió victorioso el actual presidente, Jair Bolsonaro. La anulación de las condenas se fundamenta en que el Tribunal Federal de Curitiba nº 13 no ostentaba la competencia necesaria para juzgar al expresidente.

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Gracias a la anulación de dichas condenas Lula podría recuperar la totalidad de sus derechos políticos, convirtiéndose así en sujeto de sufragio pasivo, el cual establece el derecho de una persona a ser votada, lo cual le permitiría presentarse a las elecciones de 2022.

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Según la opinión de los máximos dirigentes del PT (Partido de los Trabajadores, del que Lula forma parte), esta anulación llega varios años tarde y afirman que todo el proceso ha sido una burda manipulación judicial para intentar debilitar a la izquierda brasileña y en particular a Lula, impidiendo así la presentación de su candidatura a la presidencia en 2018.

 

 

 

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Luiz Inacio Lula da Silva

 

 

Origen de la condena

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En el año 2014, se destapó una red de corrupción que sacudió América Latina, y en especial Brasil, sacando a la luz una gigantesca trama de sobornos que salpicó a numerosos exmandatarios y políticos latinoamericanos y altos cargos de conocidísimas empresas, entre las que caben destacar Petrobras y Odebrecht, dando comienzo así a la operación Lava Jato.

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Dicha operación se basaba, a groso modo, en que las empresas que se veían favorecidas por los cargos políticos devolvían el favor a los mismos con jugosos sobornos que llegaron a cifrarse en unos 3000 millones de dólares.

Cuando se destapó el escándalo, uno de los señalados fue Lula, expresidente de Brasil, sobre el que pesaban varias acusaciones de corrupción.

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La primera de ellas se vertebraba entorno a un triplex situado en la ciudad costera de Guarujá, en este caso, pese a que no existían evidencias de una transferencia formal del inmueble, se dieron por buenos los testimonios de los imputados que aseguraban haber acordado dicha transacción a cambio de favores políticos. Casualmente, esos testimonios pertenecen a altos cargos de la empresa involucrada que vieron reducidas sus condenas por cooperación con la justicia. A Lula se le condenó a 8 años y 10 meses de prisión a causa del triplex, y fue esta condena la que lo llevó a la cárcel durante 580 días hasta que en noviembre de 2019 la Corte Suprema ordenó su excarcelación debido a que la condena no era firme ya que no se habían agotado todas las vías de recurso.

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La segunda acusación, y posterior condena, se basaba en que Lula había recibido sobornos por parte de las constructoras OAS y Odebrecht en forma de reformas en una casa en la ciudad de Atibaia, situada en el estado de Sao Paulo. Pese a que el inmueble pertenecía a otra persona, se entendió que Lula era el propietario y usuario real. Por este caso Lula fue condenado a 17 años de cárcel.

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Además de las condenas de privación de libertad, Lula también fue inhabilitado y no pudo presentarse a las elecciones generales de 2018, en las que salía como favorito y que acabaron aupando a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Desde el PT se argumentó que toda la trama judicial contra Lula no tenía ningún fundamento jurídico y que únicamente respondía al objetivo político de apartar a Lula de las elecciones.

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Finalmente, tal y como hemos visto, estas condenas han sido anuladas por parte de Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal Federal, lo cual podría conllevar la restitución absoluta de los derechos políticos de Lula, pudiendo así, presentarse a las elecciones de 2022.

 

¿Qué puede suceder a partir de ahora?

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Es imprescindible comprender que la batalla jurídica de Lula no ha terminado todavía, ya que la anulación de las condenas por parte de Fachin no supone la absolución de Lula, ya que únicamente declaró que el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, no era el competente para hacerlo, dejando de lado el fondo del asunto.

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Existe la posibilidad de que la Fiscalía recurra esta decisión, pero en caso de prevalecer la decisión de Fachin, las denuncias contra Lula se entregarán en el Tribunal Federal del Distrito, donde se le adjudicará un juez responsable, y será este juez (o jueces) el que decidirá si los actos llevados a cabo en las condenas contra Lula son válidos o no.

En caso de ser aceptadas dichas denuncias, se abrirán nuevos casos penales que volverán a analizar las acusaciones contra el expresidente desde el principio. En otras palabras, Lula puede ser condenado o absuelto nuevamente.

 

Sergio Moro y la presunta trampa judicial

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Sergio Moro fue el juez del 13º Tribunal Federal de Curitiba, el cual ha sido declarado incompetente para juzgar a Lula. Posteriormente, fue nombrado Ministro de Justicia por el que hubiese sido el rival de Lula en las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro, cargo en el que duró 16 meses hasta su renuncia por problemas con el presidente brasileño en abril de 2020.

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En junio de 2019 salieron a la luz conversaciones entre Sergio Moro, en ese momento el juez que juzgaba a Lula, y el fiscal Deltan Dallagnol, debatiendo de cuáles serían las mejores estrategias judiciales para lograr la condena y encarcelación del expresidente. En una flagrante violación de la imparcialidad que todo juez debe tener en los casos que están a su cargo, Moro aconsejaba a Dallagnol cómo enfocar la acusación en el triplex de Guarujá y en la casa de Atibaia.

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A raíz de la filtración de dichas conversaciones, pesa sobre Moro un proceso sobre su falta de neutralidad que puede conllevar la caída de todo el macroproceso anticorrupción Lava Jato.