Aurelia Rommel | 24 Marzo 2021

Históricamente, la "Región Autónoma Uigur de Sinkiang", en el noroeste de la República Popular China, ha sido mayoritariamente habitada por la Etnia Uigur (una etnia musulmana y turco parlante) que, desde hace ya algunas décadas, viene siendo violentamente discriminada por el Gobierno Central Chino y, que está sufriendo la agresiva política colonial de China, que la está reduciendo a una minoría oprimida dentro de su propio territorio.

Los uigures son uno de los 56 grupos étnicos que componen la República Popular China, dominada por los hans (92% de la población). Inicialmente nómadas, pero que se han ido asentando en la zona de la actual Sinkiang. “Sinkiang” ("nueva frontera" en mandarín) pasó a formar parte del Estado Chino en 1759. 

Los uigures, son hoy aproximadamente unos 11 millones de personas que viven en esta región autónoma bajo la soberanía de Pekín. Esta región, en la actualidad abarca 1,6 millones de km² y representa el 16% del territorio chino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de China y de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. Fuente: Por TUBS - Trabajo personal.

La política de “sinización” (asimilación de la lengua y la cultura china) a la que están sometidos tanto uigures como tibetanos no es nueva, sino que ya desde los años 50, las autoridades chinas han intentado unir a la población uigur con la propia de la República Popular. A esto, le siguió un breve período de pacificación en la década de 1980, pero que a principios de la década de los 2000, se vio truncado cuando en el contexto de la lucha globalizada contra el terrorismo islamista, China reforzó sus medidas antiterroristas, las cuales afectaron directamente a los uigures.

Fue en 2016 cuando comenzó realmente la política de internamiento y represión con la llegada de Chen Quanguo como secretario del Partido Comunista en Sinkiang tras haber ocupado el mismo cargo en el Tíbet y, sobre todo, después de los múltiples ataques en 2013 (como el de Pekín en la plaza de Tiananmen) y 2014 (como el de la estación de Kunming y de Urumqi en la capital de Sinkiang). 

Con las acusaciones a los uigures como movimientos separatistas e islamistas, China ha emprendido en la región de Sinkiang una política de máxima vigilancia y un programa de sinización gracias al refuerzo de la política de colonización interna, favoreciendo la instalación del chino Hans en Sinkiang. Como resultado, hoy los uigures se han convertido en una minoría que tan sólo representan el 45% de la población local, en cuanto a los hans, debido a la política de asimilación, el 40%. 

Según expertos extranjeros, las autoridades chinas han internado en campamentos de trabajo forzoso, al menos a un millón de personas, entre ellas uigures, pero también kazajos, kirguises y huis. Pekín habla de "centros de formación profesional" destinados a ayudar a la gente a encontrar trabajo y alejarlos de esta manera del extremismo religioso. La ONU, por su parte, ha calculado que casi un millón de uigures están retenidos en campos de este calibre. El Congreso Mundial Uigur, por su parte, habla de una cifra de tres millones de presos. 

Aunque es difícil obtener un recuento exacto, los testimonios de los supervivientes han puesto de relieve el lavado de cerebro y la tortura casi diaria de los presos. Una campaña para separarlos de sus familias, su lengua, su religión y su cultura. En efecto, las desapariciones, las detenciones, los arrestos masivos y arbitrarios, el acoso a los intelectuales, el aprendizaje forzoso del mandarín o la destrucción de los lugares de culto, muestran la voluntad de aculturación de todo un pueblo. Muchos especialistas hablan aquí de una forma de genocidio cultural. 

Sin embargo, las revelaciones sobre el confinamiento masivo, las agresiones físicas y psicológicas que provocan muchas muertes, la esterilización forzada y, más ampliamente, el control de la natalidad, o la separación de los niños de sus padres y familiares, permiten hablar objetivamente de un genocidio en toda regla, según estableció la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, firmada por más de 150 países, entre ellos la propia China.

Detenidos escuchando discursos en un campamento en el condado de Lop, Xinjiang, abril de 2017. Fuente: De un artículo publicado por la cuenta de la plataforma wechat MP "Xinjiang Juridical Administration", a través del archivo de la plataforma baidu baijiahao.

Pero, ¿por qué en Occidente la situación de los uigures ha tenido mucho menos impacto que la de los tibetanos? En efecto, las situaciones de estas dos minorías oprimidas por el régimen de Pekín son muy similares y como algunos expertos, han podido afirmar, no sin falta de razón, la diferencia de atención se debe a que los uigures son musulmanes, quizás una religión que inspiraría menos simpatía que el budismo de los tibetanos.

Por tanto, lo lógico sería pensar que la población musulmana de Sinkiang debería recibir un fuerte apoyo de los países que se declaran musulmanes. Sin embargo, este no es el caso. En julio de 2020, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, un buen número de ellos firmó una moción de apoyo a China. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, había apoyado la política de China en Sinkiang en 2019, describiendo el estado de ánimo de los habitantes de la zona de: “felices". Sorprendente, cuánto menos, de un jefe de Estado que se proclama defensor de los musulmanes y que acoge a unos 50.000 uigures huidos en los últimos años. Pero, la geopolítica tiene razones que la razón desconoce.

Todas estas razones deberían haber llevado al Gobierno Turco a ratificar el tratado de extradición (de los uigures refugiados en territorio turco) negociado desde 2017 con Pekín y que acaba de ser aprobado por el Parlamento Chino a finales de 2020. Por el momento, el parlamento turco aún tiene que ratificar dicho acuerdo y todo está en el aire. ¿Está entonces el gobierno turco en proceso de dar marcha atrás? La cuestión es ciertamente delicada para Ankara, porque los turcos son globalmente sensibles a la causa uigur y el país se enfrenta también a la creciente sensibilización de los países occidentales sobre el tema.

 

De hecho, los países occidentales están empezando a denunciar, por fin, la situación en Sinkiang. La concienciación sobre la represión de los uigures ha tardado en llegar, pero empieza a calar, sobre todo en Europa. Sin embargo, mientras las ONGs defensoras de los Derechos Humanos siguen advirtiendo de los abusos de Pekín en Sinkiang, la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo tímida e insuficiente ante el gigante chino.

Como ciudadanos del común, la situación y el destino de los uigures también nos conciernen directamente. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque Sinkiang es también la principal región productora de algodón: el 80% del algodón chino se cultiva allí, según Human Rights Watch. La ONG también participó en un informe publicado por otras 180 ONGs de 36 países diferentes que hablaba sobre el trabajo forzado de los uigures para explotar estos recursos.

 

De hecho, China habría trasladado a decenas de miles de miembros de la minoría musulmana uigur, recluidos en campos de concentración, a fábricas que suministran este preciado material al menos a 83 de las principales marcas del mundo. El informe señala a muchas multinacionales por sus vínculos con subcontratistas locales: Gap, C&A, Adidas, Tommy Hilfiger, Lacoste, Calvin Klein, Zara (Inditex), pero también empresas como Lenovo, Samsung, Apple, Asus, Huawei... También entre esta lista podemos reconocer a marcas e industrias (Alstom, Bombardier…) que se benefician de contratación y subvenciones públicas de ciertos países europeos y, a menudo esos Estados son los que dan grandes lecciones de valores democráticos.

 

El derrumbe mortífero de la fábrica bangladesí Rana Plaza en 2013 tuvo un gran impacto en la opinión pública y en ciertas multinacionales, que se comprometieron a ser más cautelosos en las condiciones de trabajo en pro de los derechos humanos, compromisos que en 2021 siguen sin llegar. 

Frente a esta impasividad de las principales multinacionales y de los poderes políticos, el poder de los ciudadanos reside principalmente en la capacidad de presionar a nivel sociopolítico, pero también a nivel económico, ya que el papel de las empresas es responder a nuestras "necesidades y demandas". La reconsideración de nuestra forma de consumir es uno de los primeros pasos a formular, antes de la llegada de un boicot comercial, tan necesario en aras de la mejora de las condiciones laborales de aquellos trabajadores oprimidos. 

 




 

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