¿Qué está pasando en Etiopía?
Alberto del Barrio | 20 Febrero 2021
El pasado mes de noviembre comenzó en la zona norte de Etiopía un conflicto interno que se ha extendido hasta la actualidad y, con toda probabilidad, se alargará más tiempo para desgracia de su población. Las primeras hostilidades surgieron como respuesta del gobierno central a unas elecciones regionales en la zona de Tigray, cuya convocatoria fue denegada por las autoridades centrales debido a la situación pandémica. La victoria aplastante del partido regional, PTLT (Partido de los Trabajadores por la Liberación del Tigray), en oposición al gobierno central, así como un supuesto ataque a una base militar estatal, conllevaron al cierre de todas las comunicaciones, incluido internet, y a una contundente respuesta militar por parte del gobierno en la que no han faltado bombardeos a civiles y una dura represión. ¿Pero, qué hay detrás de esta agresión gubernamental a una región dentro de su propio estado?
Para comprender la realidad etíope hay que retrotraerse a los años noventa. El país llevaba décadas siendo un estado satélite de la URSS y devastándose internamente debido a la acción de numerosos grupos armados. Sin embargo, en el año 1991, íntimamente ligado al progresivo derrumbe soviético, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope consiguió hacerse con el poder tras una cruenta guerra civil. Como consecuencia de ello, Eritrea se constituyó como país independiente con el Frente Popular de Liberación de Eritrea al mando. En Etiopía el Frente Democrático, constituido por la unión de varios grupos guerrilleros, se instauró en el poder como único partido. No obstante, este partido estuvo liderado de forma indiscutible por el Frente de Liberación Popular de Tigray (en adelante TLPT), a cuya cabeza estaba Meles Zenawi, quién fue primer ministro hasta el año 2012.
El paso del TLPT al poder nacional supuso el desplazamiento de la etnia Amhara (27,1% del total) por la etnia Tigré (6,1%). Hasta ese momento los Amharas habían disfrutado del monopolio del poder a lo largo de la historia, incluyendo el periodo previo comunista. Durante los años de gobierno del TLPT destacan el crecimiento económico constante del país, así como la guerra con Eritrea, que se prolongaba desde el año 1998 debido a unas cuestiones fronterizas. Sin embargo, en el año 2012 falleció Meles Zenawi. Su muerte abrió una falla en el liderazgo del TLPT al frente de Etiopía, por la que los miembros de este partido se vieron obligados a una progresiva retirada a su región de influencia al norte del país, Tigray.
No obstante, no es hasta el año 2018 cuando la etnia mayoritaria, los Oromo (34,6%), consiguió situar a uno de los suyos como primer ministro con el actual presidente Abiy Ahmed Ali. De entre las medidas que impulsó destacan algunas populares, como el tratado de paz con Eritrea, por lo que fue galardonado en el año 2019 con el Premio Nobel de la Paz. Otras, sin embargo., fueron más cuestionadas por ciertos sectores populares como la privatización de numerosas empresas y servicios públicos.
En esta situación es como llegamos a los prolegómenos del conflicto actual: con el repliegue de la élite Tigré y las elecciones que debían celebrase en septiembre del 2020. El pulso de poder en esta celebración electoral suponía una prueba para el actual primer ministro. La decisión de prolongar los poderes y suspender cautelarmente las elecciones, debido a la pandemia, fue considerado como una muestra de autoritarismo por parte del TLPT. La primera afrenta llegó cuando las autoridades de la región de Tigray decidieron seguir adelante con los comicios, donde el TLPT consiguió una victoria aplastante, dando comienzo a una creciente oleada de violencia en las calles. El 5 de noviembre, en medio de esta espiral de violencia, el gobierno etíope anunció, con dudosa credibilidad, que una base de las fuerzas gubernamentales en la región de Tigray había sido atacada, siendo este su casus belli para iniciar las hostilidades en la región.
Es entonces cuando la situación se volvió más confusa. Una de las primeras medidas del gobierno estatal fue cortar todas las comunicaciones por tierra y aire, la electricidad y, lo que es más curioso, el internet en la región de Tigray. La ofensiva fue dirigida a la toma de las grandes ciudades de la región como su capital Mekelle, objetivo que consiguieron a principios de diciembre. Durante estas cinco primeras semanas de hostilidades el gobierno llevó a cabo bombardeos aéreos a poblaciones civiles, así como una dura represión. Múltiples denuncias internacionales han señalado la realización de crímenes contra los derechos humanos por parte de las tropas gubernamentales, así como por parte de militares eritreos que al parecer han aprovechado la situación para vengarse de sus históricos enemigos fronterizos de Tigray. De hecho, la ONU emitió recientemente un comunicado denunciando que había recibido una gran cantidad de “informes inquietantes de refugiados eritreos en Tigray asesinados, secuestrados y devueltos a la fuerza a Eritrea”. De ser así, señalan que “estas acciones constituirían una importante violación del derecho internacional”.
Así mismo, los testimonios que van escapando a la censura mediática han denunciado la existencia de fosas comunes y una dura represión a funcionarios y dirigentes del TLPT, quienes han pasado a ser perseguidos como terroristas. En esta situación se está produciendo un éxodo de refugiados al vecino país de Sudán, cuyas relaciones con el gobierno central etíope son, cuanto menos, conflictivas. Los primeros campos de refugiados denotan unas condiciones humanitarias pésimas. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a principios de año habían llegado a Sudán hasta 56.000 refugiados etíopes buscando asilo.
Sin embargo, y contra lo que pudiese parecer, la ocupación de las principales ciudades de Tigray apenas ha supuesto un revés para la resistencia del TLPT. El presidente del TLPT Debretsion Gebremichael prometió “resistencia”, haciendo una llamada a la lucha armada y a la guerra de guerrillas en las zonas rurales y montañosas que controlan, como ya hicieran en la guerra civil que los llevó al poder en 1991. Fuentes estiman que podrían contar con una fuerza armada de entre 100.000 y 150.000 entre soldados y milicianos.
Desgraciadamente todo parece indicar que, con toda probabilidad, el conflicto se alargará en el tiempo. El pasado 2 de febrero tres partidos de la oposición de Tigray denunciaron la muerte de “más de 52.000 civiles inocentes, incluidos niños, mujeres, jóvenes, ancianos y padres religiosos, masacrados de manera indiscriminada”. Con ello, la situación humanitaria de la población civil, tanto en los campos de refugiados de Sudán, como en el interior de la región de Tigray, no podría ser peor en plena pandemia mundial. Por otra parte, la intervención de Eritrea, así como los numerosos enfrentamientos que están teniendo lugar en la frontera con Sudán entre las tropas gubernamentales de ambos países, amenazan con internacionalizar el conflicto. Mientras, seguiremos informando.
