El 11 de marzo de 2021, la Junta militar que gobierna Myanmar eliminó al Ejército de Arakán (Arakan Army, AA) de la lista de organizaciones terroristas del país. La guerrilla, que desde su fundación en 2009 ha luchado contra el Tatmadaw en la región de Rakáin o Arakán, parece haber emprendido negociaciones en pleno golpe de estado. Pese a que el resto de grupos armados de corte secesionista siguen en pie de guerra contra la Junta, el conflicto de Arakán ha llegado a un punto de inflexión. La región más occidental de la antigua Birmania, un antiguo reino conquistado en 1784 por el Imperio Birmano, ha sido foco de problemas desde su integración en Birmania y en la India Británica, desde la reclamación de independencia hasta el más sonado ejemplo de limpieza étnica de la última década, el éxodo de los Rohinyá. 

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Las nueve virtudes de Buda, los seis atributos del Dharma, o enseñanza, y las nueve disciplinas del Shang, u orden monástica budista, 969, un número que ha dado nombre a uno de los grupos más activos de Myanmar contra los musulmanes.

 

El Movimiento 969, dirigido por Ashin Wirathu, un monje budista con una versión sui generis del pacifismo, ha alentado en los últimos años la violencia contra los que consideran extranjeros y contra la islamización del sudeste asiático, un discurso que con gusto suscribirían los escritores de cabecera de Marine Le Pen en Europa. Su relación con grupos ultrarreligiosos y nacionalistas de Sri Lanka, como Bodu Bala Sena (Ejército del poder budista), demuestra su carácter conservador, muy asociado a la defensa de la etnicidad y la religión, algo que parece agradar a la junta militar, que ha apoyado veladamente las acciones contra los musulmanes. 

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Los incidentes de Arakán de 2012 dieron el pistoletazo de salida a la expulsión de los Rohinyá. Los grupos armados, como el AA, con la complicidad de muchos de los ciudadanos y el ejército birmano, comenzaron una oleada de ataques, al más puro estilo pogromo, contra la población musulmana, la cual respondió a través de sus propios grupos armados, como el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA).

 

La crudeza de los enfrentamientos llevó al ejército a intervenir, pero lejos de llevar una actitud de pacificación, perpetró la persecución, matanza y expulsión de la minoría Rohinyá de la región de Arakán. En un país de gran diversidad étnica y mayoría budista, la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi se puso de perfil cuando las acciones militares empezaron a llamar la atención de la prensa internacional. La presión electoral y el control de facto del país por parte del ejército motivaron la inacción de las autoridades birmanas, que llegaron a comparecer ante el tribunal de la Haya en diciembre de 2019.

 

La crisis que vive Myanmar, desde hace ya casi tres meses, debe mucho a la situación social en que vive el país desde la ocupación británica. En uno de los países más diversos del planeta, los conflictos territoriales y étnicos han sido la constante desde el fin de la Vía Birmana al Socialismo, que se sirvió del budismo para intentar dar cohesión a una población muy diferenciada. La junta militar no es ajena a estas circunstancias. El perfil conservador de los miembros de la junta ha consolidado la caracterización de la antigua Birmania como un país budista y perteneciente a la etnia bamar, la más numerosa. Este caldo de cultivo ha llevado a una presión interna por parte de los grupos separatistas, como los de Arakán o Kachin, que, pese a su oposición al ejército que ahora occidente condena, imitan su represión a aquellos que no comulgan con su credo. 

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La “limpieza étnica de manual” que comenzó Myanmar contra los Rohinyá bajo el gobierno de una Premio Nobel de la Paz es sólo la punta del iceberg de un conflicto interno que lleva desangrando el país asiático desde hace décadas. Las tesis xenófobas de la extrema derecha birmana no deberían sorprender, pero están lejos de ser reconocidas y criticadas por la opinión occidental.

 

Las críticas a la junta militar birmana que se vierten desde las instituciones y la prensa europea y estadounidense tras el golpe de estado han buscado en China el chivo expiatorio por su tibieza a la hora de condenar la represión, mientras hace años hacían oídos sordos a las persecuciones contra los musulmanes. La junta militar que gobierna Myanmar, que defiende y apoya las acciones de grupos paramilitares budistas, pasa en pocos años de ser una fuerza conservadora que persigue minorías étnicas a ser la mayor aliada de una república socialista, según los intereses de las potencias internacionales en cada momento. 

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Myanmar se desangra. Las disputas internas entre los estados que reclaman su independencia se entremezclan con las luchas religiosas, que llegan a mostrar la cara más terrible del ser humano. Un gobierno democrático de corte socialdemócrata, cómplice de una limpieza étnica, es derrocado por un ejército que poco tiene de comunista, pero que parece contar con el beneplácito de la primera potencia mundial, que sigue en guerra en el Tíbet. Grupos armados dejan de ser considerados terroristas como premio por hacer el trabajo sucio contra los que consideran extranjeros e invasores. Mientras tanto, las trabajadoras y trabajadores de Myanmar sufren en sus carnes, crisis tras crisis, la cruel represión de un ejército heredero de la tradición religiosa, la raza birmana y la creencia de que no se puede dejar el país en manos de indeseables. 

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El conflicto de Myanmar es un complejo prisma lleno de aristas que convergen en una crisis que se extiende desde inicios de los años noventa. La presencia de la extrema derecha tradicionalista, religiosa, racista y violenta no es exclusiva de occidente. No todos los actores en este conflicto son, de un modo necesario, culpables, ni es comparable la situación de dos regiones a más de 10.000 km de distancia, con desarrollos diferentes de miles de años de historia, pero es curioso detectar las mismas dinámicas en mundos diferentes, pero con un resultado común.