Desde que comenzasen las hostilidades en noviembre, el conflicto etíope en la región de Tigray parece haber llegado a un punto muerto. Las fuerzas desplegadas por el gobierno en esta región, en colaboración con el ejército eritreo, no parecen haber supuesto el control de facto del territorio más allá de las zonas colindantes a las grandes ciudades como Mekelle. El pasado 19 de noviembre se publicó en Tigray Media House, un medio afín al gobierno regional del Frente de Liberación Popular de Tigray, las siguientes condiciones para negociar la paz con el gobierno etíope: 

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1. Las fuerzas eritreas invasoras han de abandonar la tierra de Tigray inmediatamente.

2. La retirada de todas las fuerzas estatales que comprometen la integridad de Tigray. 

3. El organismo de gobierno instaurado por el gobierno estatal para la región ha de ser destituido en aras de la vuelta del gobierno del FLPT votado democráticamente. 

4. Se ha de instituir una investigación del genocidio y los crímenes de guerra infringidos al pueblo de Tigray, llevada a cabo por un organismo internacional independiente. 

5. Más de 4,5 millones de personas han sido desplazadas y expuestas a una grave crisis social como resultado del conflicto. Se ha de permitir el paso, hasta ahora denegado, a la ayuda humanitaria y a los periodistas. 

6. Los políticos, funcionarios y el resto de presos como consecuencia de la situación actual deben ser puestos en libertad sin condiciones previas. 

7. La negociación de la paz debe ser mediada por un organismo internacional independiente. 

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Solo entonces, si se cumplen estas premisas, negociaremos. 

Hay evidencias de que se esta llevando a cabo un auténtico genocidio, con tintes de odios étnicos; de que se han denunciado violaciones desenfrenadas encarcelamientos y ajusticiamientos aleatorios; así como a los graves daños realizados al conjunto material de la zona con saqueos, destrucción de instalaciones públicas, como escuelas u hospitales, o quema de cultivos. Pese a ello el silencio y la inacción internacional es la respuesta generalizada, tal y como denunciaba la sociedad civil de Seb-Hidri Tigray el pasado 21 de febrero, implorando a la paz y haciendo un llamamiento internacional. 

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Los pocos testimonios que escapan al apagón eléctrico y al cerco informativo impuestos en la región dejan ver una situación humanitaria muy precaria y con previsión de continuar empeorando. Ejemplificando este hecho, recientemente la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha denunciado la destrucción por parte de milicias armadas de los campos de refugiados Shimelba y Hitsats. Una destrucción que al parecer fue acompañada de asesinatos y secuestros para con algunos de los refugiados que allí residían. 

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Mientras, en la fértil región fronteriza de Al-Fashqa, los choques militares entre el gobierno de Etiopía y el de Sudán, histórico aliado del FLPT, continúan produciéndose a diario. Los cruces de acusaciones entre los altos cargos de ambos estados fueron elevando el tono a lo largo de la semana pasada amenazando con internacionalizar el conflicto.