Francisco García Saez | 01 Abril 2021

La represión de la junta militar comienza a dar muestras de una crudeza sin precedentes, mientras las protestas se suceden, las victimas se acumulan y las antiguas rencillas étnicas afloran en un clima de tensión en el que la comunidad internacional sigue sin tomar cartas en el asunto.

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El 27 de marzo de 1945, Aung San, a la sazón Ministro de Guerra bajo la ocupación japonesa, apareció ataviado en Mandalay con el uniforme del ejército birmano, en lugar del japonés, en lo que sería el comienzo de la ofensiva birmana contra el imperio nipón. Este sábado, 27 de marzo, se conmemoraba el día del Tatmadaw, las fuerzas armadas birmanas, en recuerdo de la citada efeméride, bajo la atenta mirada del mundo y con la visita del Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú.

Mientras tanto, en las calles y pueblos de Myanmar, más de un centenar de manifestantes eran asesinados en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el ejército. Las cifras no son claras, dado el ya conocido apagón informativo, pero las grabaciones y los testimonios de los ciudadanos que han conseguido pasar el bloqueo dan fe de la represión de la junta militar. La amenaza de la junta de “abrir fuego a la cabeza o a la espalda”, en un claro intento de proteger la celebración de su día más icónico, se ha saldado con la jornada más sangrienta desde que comenzaran las protestas.

Tanto la ONU como las potencias occidentales han condenado la represión de la junta, mientras que Rusia y China mantienen su tibia posición en pro de una estabilización de una región clave para sus intereses geoestratégicos.

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Mientras las posiciones internacionales comienzan a definirse, Myanmar se ha convertido en un polvorín, cuya cara visible, las protestas, es sólo una de las aristas de uno de los conflictos más longevos del mundo. En este momento, las redes sociales son el caballo de batalla de asociaciones como la AAPP (Assistance Association for Political Prisoners), medios como MyanmarNow y el CRHP (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw), el gobierno en el exilio formado por 17 exmiembros del gabinete de San Suu Kyi y de otros partidos políticos, capitaneado por Mahn Win Khaing Than, nombrado vicepresidente el 9 de marzo de 2021.

Los conflictos periféricos han vuelto a cobrar fuerza, en especial en las zonas limítrofes con Tailandia y Bangladés. Los movimientos secesionistas como el KNLA (Karen National Liberation Army), en activo desde 1949, o el RCSS (Restoration Council of Shan State), se han alineado con los manifestantes y continúan su conflicto con el Tatmadaw. Por otro lado, el AA (Arakan Army), una guerrilla secesionista del occidente de Myanmar fue retirado de la lista de grupos terroristas por la junta militar el día 11 de marzo, pues la guerrilla no ha condenado el golpe ni se ha sumado a las protestas.

Once días después, el 22 de marzo, un campamento rohingyá era pasto de las llamas en el sur de Bangladés. La conexión no es clara entre los dos sucesos, pero los continuos enfrentamientos entre las guerrillas budistas del AA y las islámicas del ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) apuntan a una nueva campaña de persecución de los rohingyas, procedentes de Rakáin o Arakán, un enfrentamiento étnico que ha estado a la orden de día desde el triunfo de la LND y por el que Suu Kyi tuvo que responder ante el tribunal de La Haya.

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Casi dos meses después del golpe de estado, los muertos en los enfrentamientos superan los 450, los detenidos los 2500, las protestas continúan y la represión es cada vez más violenta. La comunidad internacional sigue encallada ante un asunto de gran relevancia, con la esperanza de que la antigua Birmania se estabilice y puedan seguir con sus negocios como antaño. Las viejas rencillas entre las diferentes etnias comienzan a aflorar y las guerrillas mueven ficha en un país cada día mas descompuesto y que no ve la luz al final del túnel de una guerra civil que ha entrado en barrena.